Enrique Peña Nieto, il molto controverso personaggio che, nelle ultime elezioni presidenziali, la scorsa estate, ha riportato al potere in Messico il PRI (ovvero: il “partito-Stato” che aveva dominato la scena politica tra il 1929 ed il 2000) ha ufficialmente assunto lunedì scorso– al temine d’un periodo di transizione assurdamente lungo – la carica di presidente. L’ha assunta tra le preannunciate (ed in alcuni casi molto violente, e molto violentemente represse) proteste dei movimenti sociali che cinque mesi fa hanno contestato la sua vittoria nelle urne. L’ha assunta in un panorama marcato da un ovvio paradosso: l’eredita di incontrollata violenza generata dalla “guerra al narcotraffico” lanciata dal suo predecessore, Felipe Calderón e la realta d’un momento di relativa auge economica, carica di nuove ed insondate promesse. E, quel che più conta, l’ha assunta lanciando un piano di riforme politiche ed economiche che, riassunto in 13 punti, si è trasformato in un “patto” con gli altri due grandi partiti – il PAN ed il PRD – oggi rappresentati nella Assemblea Nazionale. Funzionerà? EPN ha vinto, lo scorso luglio, con appena il 38 per cento dei voti, grazie ad un sistema elettorale che – creato dal vecchio PRI e funzionale alle esigenze di una “semi-democrazia” – appare ormai pateticamente inadeguato ed iniquo. Riuscirà il nuovo presidente, eletto in tanto polemiche circostanze, a trasformare in forza questa sua originale debolezza? O, più esattamente ad allargare questa molto modesta base di consenso sulla base d’un programma di riforme condivise?
2Americhe propone qui di seguito due letture: il testo integrale del patto firmato nel Castello di Chapultepéc. E l’editoriale (tutto sommato positivo) con il quale il quotidiano La Jornada – uno dei più ferocemente critici nei confronti di EPN – ha accolto la apertura del nuovo presidente.
Pacto Por México
Acuerdos
- Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades.
El siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.
Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerza políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.
Seguridad Social Universal.
Se creará una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social Universal que incorpore lo siguiente:
- Acceso universal a los servicios de salud.
Se aprecian los avances alcanzados en los últimos años en la materia, pero también se reconoce que todavía debe avanzarse mucho en la calidad y el alcance efectivo de los servicios de salud, particularmente para atender a millones personas que no cuentan con empleo formal y viven en las zonas de mayor marginación social y dispersión poblacional.
Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos. (Compromiso 1)
Adicionalmente, ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra. (Compromiso 2)
- Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE.
Como un primer paso, el programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”. Como un segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los Mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida. (Compromiso 3)
- Seguro de Desempleo.
Se establecerá un Seguro de Desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones para tener un crecimiento profesional y patrimonial. (Compromiso 4)
- Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Se pondrá en marcha un sistema de seguros de vida para Jefas de familia para proteger la seguridad económica de sus hijos en caso de fallecimiento. Este seguro también incluirá a los padres jefes de familia que se encuentran en la misma circunstancia. (Compromiso 5)
1.2 Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza.
Con el objetivo de terminar con la pobreza extrema, se creará un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales, y priorizará sus esfuerzos para garantizar el derecho universal a la alimentación. Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre. (Compromiso 6)
Educación de Calidad y con Equidad.
En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la ampliación de la cobertura educativa. Los nuevos retos consisten en culminar esta expansión, pero sobre todo en elevar la calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas.
Para ello, se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con tres objetivos iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad.
Las principales acciones que permitirán alcanzar la meta de ofrecer a los mexicanos acceso equitativo a una educación de calidad son las siguientes:
- Sistema de Información y Gestión Educativa
Se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos, que le permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. (Compromiso 7)
- Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país. (Compromiso
- Autonomía de gestión de las escuelas.
Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. (Compromiso 9)
- Escuelas de Tiempo Completo.
Se establecerán escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, con el firme mandato de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico. En aquellas escuelas que más lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales. (Compromiso 10)
- Computadoras portátiles con conectividad.
Se instrumentará un programa de dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas promoviendo la alfabetización digital, adecuando los contenidos educativos al uso de tecnología y capacitando al personal docente. (Compromiso 11)
- Crear el Servicio Profesional Docente.
Se establecerá un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores. (Compromiso 12)
- Fortalecer la educación inicial de los maestros.
Se impulsará la profesionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a las normales para que impartan una educación de excelencia, aprovechando los conocimientos y el capital humano de las universidades públicas del país. (Compromiso 13)
- Incrementar cobertura en educación media superior y superior.
Se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80% en educación media superior y en al menos 40% en educación superior. (Compromiso 14)
- Programa Nacional de Becas.
Se creará un Programa Nacional de Becas para alumnos de Educación Media Superior y Superior, focalizado en una primera etapa en la totalidad de los alumnos provenientes de las familias ubicadas en los 4 deciles con menos recursos. De igual forma, se impulsará un programa piloto de “beca-salario” en tres estados de la República para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país. (Compromiso 15)
La cultura como elemento de cohesión social.
Se impulsará una política consistente con la composición pluricultural de la nación, como elemento de cohesión social que, entre otras cosas, permita recuperar espacios públicos y fortalezca el tejido social.
- Protección del patrimonio cultural.
México tiene cerca de cien mil sitios arqueológicos y monumentos históricos. Es necesaria su protección a través de una legislación que reconozca las nuevas relaciones entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. De igual forma, la adecuada restauración, sobre todo de los sitios arqueológicos, permitirá una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística detonando el empleo y el desarrollo regional. (Compromiso 16)
- Infraestructura en los estados.
México tiene una enorme infraestructura cultural (teatros, auditorios, museos, galerías, bibliotecas y otros espacios públicos) subutilizada que se renovará para tener espacios dignos para la adecuada difusión de la cultura en todo el país. (Compromiso 17).
- Educación artística.
Se introducirán en las escuelas, particularmente en las de horario ampliado, programas de educación artística que desarrollen en los alumnos el gusto por la cultura y los ayuden a desarrollar habilidades que mejoren su aprendizaje en tras materias. (Compromiso 18).
- Estímulos a creadores.
Se incrementará el número de becas para apoyar a todas las artes, y potenciar el talento y la formación de los artistas mexicanos, particularmente de los más jóvenes. Se otorgarán apoyos económicos a las industrias creativas. Asimismo, los proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos para nuevas plataformas, recibirán estímulos mensuales durante un año. (Compromiso 19)
- La cultura como proyección de México en el mundo
Se relanzará y articulará, como estrategia de Estado, el proyecto de Institutos de México en el mundo, aumentando su número, sus programas y alcances, para difundir nuestra cultura en el exterior. (Compromiso 20)
Defender los derechos humanos como política de Estado.
México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes. Para ese fin se han dado pasos importantes con el logro de la autonomía constitucional de la Comisión de los Derechos Humanos en 1998, con la instalación de una oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2002, y a través de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011.
A partir de estos antecedentes, se consolidará una política de Estado, a través de un Programa Nacional de Derechos Humanos, cuya plataforma se basará en la reciente reforma constitucional, en los tratados que México ha suscrito y en las necesidades apremiantes que demanda la población.
Las acciones más urgentes, cuyo cumplimiento está comprometido en la reciente reforma constitucional, y que se realizarán en el corto plazo son:
- Creación inmediata de una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia de derechos humanos.
Tal y como ha ocurrido en el caso de la reforma en materia de justicia y de seguridad pública y, particularmente, en la instrumentación de los juicios orales, se requiere una instancia que pueda articular y coordinar todos los esfuerzos federales y del ámbito local que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional. (Compromiso 21)
- Ley de Reparación del Daño.
Toda violación de derechos humanos, de acuerdo con el Artículo 1º de la Constitución, debe ser reparada, para lo cual se legislará una ley en la materia. (Compromiso 22)
- Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional.
Para reglamentar el Artículo 29 Constitucional se expedirá una nueva ley que permita normar los términos y condiciones de tal suspensión. (Compromiso 23)
- Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de expulsión de extranjeros.
Se creará una nueva ley que reglamente el procedimiento para que un extranjero pueda ser expulsado del país. (Compromiso 24)
- Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se adecuará la actual ley para que sea consistente con la reciente reforma constitucional. (Compromiso 2
- Reformas en las Constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Se adecuarán los distintos ordenamientos locales para que sean consistentes con la reciente reforma constitucional y de esa manera se garantizará, entre otras cuestiones, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos. (Compromiso 26)
- Ley de Atención a Víctimas.
Este ordenamiento ya ha sido discutido y aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, mereció observaciones por parte del titular del Ejecutivo. Además, existe un desacuerdo sobre el procedimiento parlamentario que se llevó a cabo para pasar a su publicación. Por ello, se encontrará, cuanto antes, una solución para que esta ley pueda entrar en vigor. (Compromiso 27)
- Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública.
Como sucede en otros países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza pública. (Compromiso 28).
- Fortalecimiento los mecanismos de protección de defensores de derechos h
Los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los derechos humanos y de periodistas, requiere de una solución de mucho mayor alcance que el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación. Por ello, se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a establecer los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias. (Compromiso 29)
- Derechos de los migrantes.
Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país. (Compromiso 30
- Incluir la enseñanza sobre derechos humanos en la educación básica y media.
Se reformarán los planes de estudio de educación básica para fomentar en los niños y jóvenes valores y conductas respetuosos de los derechos humanos. (Compromiso 31)
- Fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la desaparición forzada.
Se actualizará el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente los actos inhumanos y degradantes, así como la tortura, la crueldad y la desaparición forzada. (Compromiso
- Cédula de Identidad Ciudadana y Registro Nacional de Población.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se analizará la necesidad de establecer los cambios jurídicos e institucionales para crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población, asegurando que no se utilice con motivos políticos o electorales. (Compromiso 33)
Derechos de los pueblos indígenas.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos.
Para lograr este objetivo, se impulsarán las siguientes acciones:
- Fortalecimiento de las comunidades indígenas.
Se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo. (Compromiso 34)
- Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas como prioridad presupuestal.
El injusto rezago en el ejercicio de derechos, así como en el acceso a instrumentos para el bienestar económico de la población indígena frente al resto de los mexicanos, obliga a que los indígenas y sus comunidades sean una prioridad de Estado y, por lo tanto, una prioridad presupuestal. Por ello, se incrementará sustancialmente los presupuestos para que la educación y la salud de calidad lleguen a la población indígena. De igual forma, se realizarán inversiones históricas en la infraestructura de sus comunidades y para facilitar su acceso al crédito. (Compromiso 35)
- Acceso equitativo a la justicia y a la educación.
El Estado tiene la obligación de garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante para ejercer derechos como el acceso a la justicia y a la educación. Por ello, se garantizará que la población indígena tenga acceso a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de defensa, así como que tengan acceso a una educación bilingüe e intercultural de calidad. (Compromiso 36)
- Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.
El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. México debe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PI
Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos.
Se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía,. Ello es fundamental ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Para profundizar la competencia económica de México, se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote de fuerza y permanencia. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones:
- Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).
Se dotará a la CFC de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos, así mismo se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley. (Compromiso 37)
- Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38)
Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial.
En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y rest
- Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.
Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos. (Compromiso
- Reforzar autonomía de la COFETEL.
Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. (Compromiso 40)
- Desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones.
Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado. (Compromiso 41
- Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos.
Se creará una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá encargarse de garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos, fomentará la Inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, e instrumentará la estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. (Compromiso 42)
- Competencia en radio y televisión.
Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión. (Compromiso 43)
- Competencia en telefonía y servicios de datos.
Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.
Se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.
Se reordenará la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados. (Compromiso 44)
- Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.
La adopción de las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberá ser simultanea. (Compromiso 45).
Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Se sentarán las bases para que México, además de ser una potencia manufacturera, se convierta en una economía del conocimiento, para lo cual daremos un impulso y articulación sin precedente a la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo los siguientes objetivos:
- Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología.
Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la investigación científica. (Compromiso 46)
- Prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Se definirán prioridades, objetivos nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país. (Compromiso 47)
- Investigadores, centros de investigación y patentes.
Se aumentará el número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación y, como consecuencia, se incrementará significativamente el número de patentes. (Compromiso 48)
Desarrollo Sustentable.
El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha. Para lograrlo, se realizarán las siguientes acciones:
- Transitar hacia una economía baja en carbono.
Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica. (Compromiso 49)
- Replantear el manejo hídrico del país.
El agua es un recurso estratégico en todo el mundo, México no es la excepción. Su futuro depende de su manejo inteligente y sustentable.
El agua de lluvia debe ser un recurso, no una amenaza. Por ello, se creará un programa para el impulso de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial.. Asimismo, se concluirán las obras de control de inundaciones en diversos estados del país. (Compromiso 50)
Se incrementarán las coberturas de agua, drenaje y tratamiento. Se llevará a cabo la revisión y rehabilitación de 115 presas con alto riesgo, se inspeccionarán 5,000 km de bordos y se realizarán las acciones correctivas correspondientes. (Compromiso 51)
Se atenderán de manera prioritaria y oportuna las sequías que afectan el norte y centro del país. Se impulsará el agua de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras. Para llevar a cabo todo lo anterior se impulsará la aprobación de la nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformar la Ley de Aguas Nacionales. (Compromiso 52)
- Mejorar la gestión de residuos.
Se creará un programa para aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos en todo el país. (Compromiso 53)
Realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo.
Se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor
En el área de Petróleo y Gas
Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos. (Compromiso 54)
- PEMEX como empresa pública de carácter productivo.
Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia. (Compromiso 55).
- Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos.
Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. (Compromiso 56)
- Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX. (Compromiso 57)
- Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es decir, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que permitan someter a PEMEX a las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo. (Compromiso 58)
- PEMEX como promotor de una cadena de proveedores nacionales.
Se convertirá a PEMEX en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. (Compromiso 59)
- PEMEX como eje de la lucha contra el cambio climático.
Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía. (Compromiso 60)
Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.
Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece. Para ello se acordará lo siguiente:
- Nueva Ley de Explotación Minera.
Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.
Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector. (Compromiso 61)
2.7. Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de hogares y empresas.
En los últimos quince años se logró consolidar en México una banca estable y capitalizada. Sin embargo, es necesario que ahora ofrezca créditos accesibles a los hogares y las empresas mexicanas. Para ello se tomarán las siguientes medidas:
- Banca de Desarrollo.
Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes. (Compromiso 62)
- Banca Comercial.
Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros (Compromiso 63)
Transformar el campo en una actividad más productiva.
Se reactivará el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial.
- Comercialización.
Se impulsarán medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores. (Compromiso 64)
- Productividad.
Se incrementará la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, se reorientarán los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores., Se impulsará el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor. (Compromiso 65)
- Pagos por servicios ambientales.
El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)
Aplicar una estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur – Sureste.
Los estados del Sur-Sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano, por ello es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global.
- Acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste.
Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur-sureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión. (Compromiso 67)
Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento subnacional. (Compromiso 68)
Realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo.
La realización de los objetivos establecidos como compromisos de ampliación de derechos sociales, así como las inversiones para detonar el crecimiento y mejorar la seguridad y la justicia requieren de fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado. Para lograrlo se requieren los siguientes aspectos:
- Eficiencia Recaudatoria.
Se mejorará y simplificará el cobro de los impuestos. Asimismo, se incrementará la base de contribuyentes y se combatirá la elusión y la evasión fiscal. (Compromiso 69)
- Fortalecimiento al Federalismo.
Se promoverán mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas y municipios, como la ampliación de las atribuciones de control y cobro.
.En especial se fortalecerá el cobro del impuesto predial por parte de las autoridades competentes, asimismo se revisará la Ley de Coordinación Fiscal para construir una relación más equitativa entre la Federación y las entidades federativas
.(Compromiso 70).
- Eficiencia del Gasto Público y Transparencia.
Se eliminarán duplicidades de funciones, se compactarán áreas y dependencias de gobierno, y se revisará permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y alcanzar mejores indicadores de desempeño. (Compromiso 71)
- Fortalecer la capacidad financiera del Estado.
Se eliminarán los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal. Se buscará reducir el sector informal de la economía. Se revisará el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos. (Compromiso 72)
- Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un sistema eficaz, transparente y progresivo.
Actualmente existen subsidios que tienen resultados regresivos pues asignan mayores recursos a las personas que más tienen. Tan sólo el 13% del gasto público en desarrollo humano llega al 20% de la población con menos ingreso, mientras que 32% beneficia al 20% de la población más rica. Algunos ejemplos de estos subsidios se encuentran en el sector energético y en el campo. No se entregarán más subsidios a la población de altos ingresos. (Compromiso 73)
- Acuerdos para la Seguridad y la Justicia.
El principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Para cumplir con estos objetivos se implementarán las siguientes acciones:
Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria.
- Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional. (Compromiso 74)
Reformar los cuerpos de policías
- Se aplicará un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un esquema en coordinación con las autoridades municipales. (Compromiso 75)
- Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad. (Compromiso 76)
Implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
- Para que la justicia se pueda impartir con mayor rapidez, eficacia y transparencia en todo el país, se tomarán medidas necesarias tanto a nivel federal como estatal para cumplir con las metas y tiempos establecidos. (Compromiso 77)
Implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos.
- Se creará un Código Penal Único para homogeneizar las causales del delito en todo el país y así lograr acciones más coordinadas y eficaces de las policías y los sistemas de justicia. (Compromiso 78)
- Se legislará un Código de Procedimientos Penales Único para todo el país, con la finalidad de establecer elementos procesales homogéneos y congruentes con el establecimiento de un sistema penal acusatorio y oral. (Compromiso 79)
3.5 Reforma a la Ley de Amparo.
- Se llevará a cabo una reforma integral a la ley de amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales (Compromiso 80)
3.6 Reforma integral del sistema penitenciario.
- Se invertirán los recursos necesarios para la construcción de los centros de readaptación social que se requieran para acabar con el hacinamiento y la
convivencia de presos federales y no federales. De igual forma, se impulsará un nuevo sistema de cumplimiento de penas de servicios comunitarios por delitos menores y con especial énfasis en los presos jóvenes que permitan su readaptación social. (Compromiso 81)
- Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción:
4.1 Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables.
- Se instrumentará la reforma preferente aprobada para perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno que permitan establecer reglas comunes y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público. (Compromiso 82)
Reforma para ampliar facultades del IFAI.
- Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de relevancia nacional. (Compromiso 83).
- Los órganos estatales serán autónomos, colegiados y especializados en transparencia. (Compromiso 84).
Sistema Nacional contra la Corrupción.
- Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades cmo Pemex y CFE.. (Compromiso 85)
- Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Compromiso 86)
- Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática.
La pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. Es necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático.
Gobiernos de Coalición.
Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el Presidente y su partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente (Compromiso 87):
- Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas.
- Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno.
- Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.
Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre.
La tecnología electoral actual no requiere de lapsos tan largos entre la fecha de la jornada electoral y la toma de posición del gobierno electo. Para facilitar el proceso de transición y reducir el periodo de convivencia de un gobierno saliente y uno entrante, se impulsará una reforma constitucional para adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente de la República, con un transitorio que lo programe para 2024. (Compromiso 88)
Partidos Políticos y Elecciones.
Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. Para lograr estos objetivos, se impulsarán las siguientes acciones:
- Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales. (Compromiso 89)
- Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas (Compromiso 90):
- Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.
- Disminución en el monto de los topes de campaña.
- (Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen delas normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate)
- Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.
- Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción.
- Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.
- Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.
Reforma del Distrito Federal
Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91)
- Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.
- Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.
- Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF
- En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.
- Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.
Revisión global de los fueros.
Se reordenará el marco de fueros para que nadie tenga privilegios. (Compromiso 92)
Leyes reglamentarias de la reforma política.
Para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, se aprobarán las siguientes leyes (Compromiso 93):
- Ley reglamentaria de candidaturas independientes.
- Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.
- Ley reglamentaria de iniciativa preferente.
- Ley reglamentaria de la consulta popular.
Se revisará la reelección de legisladores. (Compromiso 94)
Medios de Comunicación.
Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, para garantizar el derecho de réplica. (Compromiso 95)
Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática
María Cristina Díaz Salazar
Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Madero Muñoz Presidente Nacional del Partido Acción Nacional
Pacto, inercias y oportunidad
(editorial de La Jornada)
Ayer, en su segundo día al frente del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto suscribió con los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país –PRI, PAN y PRD– un conjunto de acuerdos, denominados Pacto por México, por el que se comprometen a diversas acciones de gobierno y reformas legislativas orientadas a cinco objetivos fundamentales: gobernabilidad democrática; crecimiento económico, empleo y competitividad; ejercicio pleno de derechos sociales y libertades; seguridad y justicia, así como transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Más allá de los buenos propósitos, el acuerdo enfrenta como primera dificultad hacer compatibles visiones programáticas distintas, e incluso contrapuestas, con miras al cumplimiento de cada fin. En concreto, debe hacerse notar que la realización de cuatro de los cinco acuerdos –gobernabilidad, crecimiento económico, seguridad y derechos sociales plenos– luce incompatible con la continuidad del modelo económico depredador aún vigente, al que se han venido aferrando las sucesivas presidencias a partir de Carlos Salinas y la mayoría de los representantes y autoridades emanados del PRI y el PAN, modelo que en más de dos décadas de ser aplicado ha potenciado la pobreza, la desigualdad y la marginación; ha privado al país de bases para un crecimiento económico sólido y duradero; ha derivado en una sociedad tremendamente excluyente, en la que sistemáticamente son vulnerados los derechos sociales y las libertades de las mayorías, y ha alimentado el surgimiento de escenarios de violencia, inseguridad e ingobernabilidad en todo el país.
El llamado de Peña al diálogo y al consenso con los institutos políticos y los distintos actores de la sociedad plantea una oportunidad para inducir un golpe de timón en materia de política económica que permita dotar de sustancia los propósitos enunciados ayer en el Castillo de Chapultepec. Para ello es imprescindible que las autoridades concreten cuanto antes la aplicación de medidas que permitan salir de la nefasta preceptiva del llamado Consenso de Washington, empezando por una dignificación de los salarios y una reorientación del gasto público a aquellos rubros que debieran ser prioridad nacional: salud, educación, generación de empleos y bienestar.
Con respecto a la renovada pretensión oficial de incrementar la recaudación –como prevé el documento firmado ayer por las dirigencias partidistas y el gobierno federal–, es pertinente reiterar que tales recursos deberán obtenerse de una política fiscal justa y equitativa, que incluya el cobro de impuestos a los dueños de las grandes fortunas y la eliminación de las insultantes exenciones de que hoy gozan las operaciones bursátiles y los grandes conglomerados empresariales.
Mención aparte merece el planteamiento, incluido en el acuerdo, de lograr que el sector energético nacional sea el motor del desarrollo, pues se corre el riesgo de que con ese pretexto se rediten los intentos por trasladar las industrias que componen dicho sector a manos de particulares, y de reactivar con ello un factor de tensión, división y rechazo nacional.
En conclusión, si lo que se quiere es que el acuerdo suscrito ayer sea respaldado por todos los ciudadanos, como afirmó Peña, lo mínimo que cabría esperar es que los firmantes mostraran la voluntad política necesaria para abandonar las inercias ideológicas excluyentes y nocivas que hasta ahora condicionan las acciones del gobierno en beneficio de reducidos grupos de interés y en perjuicio del bienestar general. De no actuar en este sentido, el documento suscrito ayer en Chapultepec quedará desacreditado como mero acuerdo cupular.